Unai Sordo (CCOO), Yolanda Díaz y Óscar López.
La reforma laboral no pasa por el sector público: el empleo temporal supone el 28%, el triple de lo prometido a la UE
Además, el 13% de los trabajadores temporales en la Administración lleva en esta situación desde hace más de tres años.
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Una de las principales consecuencias de la reforma laboral aprobada a finales de 2021 y con efectos a partir de 2022 ha sido la reducción de la temporalidad en el sector privado. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), sólo un 12% de los ocupados en este ámbito tienen un contrato temporal, un dato históricamente bajo. Sin embargo, la situación es muy distinta en las Administraciones Públicas.
La información recabada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta a que los datos de temporalidad en el sector público siguen disparados, pese a que España se comprometió con la Comisión Europea a embridar esta situación antes de que acabara 2024. Pero no ha sido así, como prueba que uno de cada tres trabajadores de la Administración tiene un contrato temporal.
En torno al 28% de los empleados del sector público (más de 979.000 personas) tiene un contrato temporal, una cifra 20 puntos por encima de lo que se prometió a Bruselas (un 8% máximo de temporalidad).
Además, el 13% de estos trabajadores temporales en la Administración (unos 132.000) tienen contrato temporal desde hace más de tres años. Es decir, por encima de lo que marca la legislación.
La CEOE demanda que esta situación se debe a "la multiplicación de contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público", como los asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La patronal, que afea el uso de estos contratos en el sector público y demanda que se emplean el doble que en el privado, también responsabiliza a "los contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral" que pueden celebrar las Administraciones Públicas en el marco de los programas de activación para el empleo previstos en la Ley de Empleo.
A ello se suman los contratos temporales de personal investigador doctor, de investigador distinguido y los predoctorales, cuya duración oscila entre cuatro años y lo que acuerden las partes.
Oferta de empleo público
CSIF, uno de los principales sindicatos del sector público, achaca esta situación a "la situación de parálisis que atraviesa el Gobierno ante la actual coyuntura política, que ha supuesto la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para este año y todavía no se ha diseñado la oferta de empleo público".
"En este sentido, desde nuestra organización reclamamos una reunión para analizar la última EPA, diseñar cuanto antes la oferta de empleo para este año y dar cumplimiento a los compromisos anunciados para reforzar las plantillas y eliminar la tasa de reposición", añaden.
En este sentido, desde Comisiones Obreras (CCOO), reclaman también que se cumplan los compromisos del pacto para la reducción de la temporalidad en el sector público.
Cabe recordar que, en el caso de los funcionarios, hay varias asignaturas pendientes por parte del Gobierno. Los procesos de empleo público para rebajar la interinidad, como se ve en los datos, no se terminan de cerrar.
Además, sigue pendiente de aprobarse la subida salarial del 0,5% correspondiente a 2024, pactada entre el Ejecutivo y los sindicatos de Función Pública. El Gobierno considera que es necesario tener nuevos Presupuestos Generales del Estado para ello, pero los trabajadores reclaman un real decreto-ley para solventar la situación
