El comisario de Energía, Dan Jorgensen, durante una rueda de prensa
Bruselas sostiene que Naturgy y Repsol podrán romper sus contratos de gas ruso sin tener que pagar indemnización
Bruselas publica el reglamento que prohíbe las nuevas compras de gas ruso desde finales de 2025 y los contratos a largo plazo desde 2027.
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Las empresas comunitarias que tienen acuerdos de larga duración de compra de gas natural licuado (GNL) de Rusia -como Naturgy y Repsol- deberán invocar la cláusula de 'fuerza mayor', amparándose en el veto de la Unión Europea, lo que les permitirá romper el contrato sin tener que pagar ninguna indemnización, según sostiene la Comisión de Ursula von der Leyen.
El Ejecutivo comunitario ha adoptado este martes la propuesta de reglamento -que ya anunció a principios de mayo- para eliminar de forma gradual las importaciones de gas ruso, tanto el GNL como el de tubería, de aquí a finales de 2027. La norma prohíbe los nuevos contratos de importación a partir del 1 de enero de 2026.
Los contratos existentes de corto plazo deberán finalizar antes del 17 de junio de 2026, aunque se prevé una excepción para los casos de Hungría y Eslovaquia, donde la fecha límite es finales de 2027. Finalmente, las importaciones basadas en contratos de largo plazo tienen que cesar a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
El reglamento obliga además a las compañías a informar a la Comisión y a las autoridades aduaneras sobre sus contratos, incluyendo el origen del gas, el punto de entrega y las cantidades contractuales. La información más sensible -en particular el precio acordado- queda excluida de esta exigencia.
"Rusia ha intentado repetidamente chantajearnos utilizando el suministro de energía como arma. Estamos dando pasos claros para cerrar el grifo y poner fin a la era de los combustibles fósiles rusos en Europa para siempre", ha asegurado Von der Leyen.
En la reunión de ministros de Energía celebrada este lunes en Luxemburgo, Hungría y Eslovaquia expresaron su rechazo total a esta propuesta. "En el incierto clima global actual, impulsar el plan Von der Leyen-Zelenski para prohibir las importaciones de energía rusa es completamente inaceptable", dijo el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.
Sin embargo, la propuesta de Bruselas no se basa en la política de sanciones (que requiere el apoyo unánime de los 27 Estados miembros) sino en la política comercial y energética, por lo que se puede aprobar por mayoría cualificada y Budapest y Bratislava no tienen poder de veto.
Entre las empresas afectadas por la prohibición de importar gas natural licuado ruso figuran dos españolas. Por un lado, Naturgy, que tiene firmado un contrato de largo plazo con Yamal LNG hasta 2038 por un volumen de 3,4 bcm. Por su parte, Repsol tiene un acuerdo de compra con Novatek también hasta 2038 por 1,4 bcm.
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha escrito a la presidenta de la Comisión para advertir de que Rusia cobrará igualmente si la UE prohíbe ejecutar los contratos ya firmados a largo plazo, con consecuencias letales para las empresas europeas afectadas.
"Tenemos que buscar soluciones acordes con el derecho internacional y que si no nos llevamos el gas no lo tengamos que pagar", dijo Reynés este lunes en un acto en Barcelona.
Bruselas sostiene que la prohibición es equivalente a una sanción y por tanto debe ser invocada por las empresas como causa de 'fuerza mayor' para romper los contratos a largo plazo sin tener que pagar. Eso sí, el Ejecutivo comunitario admite que las compañías rusas intentarán llevar el caso a los tribunales para conseguir compensación.
"Típicamente, la “fuerza mayor” se refiere a acontecimientos imprevisibles que no podían anticiparse en el momento de la firma del contrato y que impiden a una de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales debido a circunstancias externas fuera de su control razonable", señala el análisis de impacto realizado por la Comisión.
"Entre los eventos que pueden calificarse como fuerza mayor bajo la categoría de “actos de gobierno” se incluyen leyes, reglamentos y otras disposiciones impuestas por Gobiernos o autoridades públicas que afectan directamente la capacidad de una parte para cumplir con sus obligaciones contractuales", señala el texto.
"Una prohibición legal de las importaciones de gas natural constituye un acto soberano de la Unión Europea, fuera del control de los importadores de gas, que convierte en ilegal la ejecución de las importaciones de gas natural desde Rusia. Esta medida tiene efectos jurídicos directos y no deja margen de discreción a los Estados miembros en cuanto a su aplicación", sostiene Bruselas.
Desde el estallido de la guerra de Ucrania, las importaciones de gas procedentes de Rusia han disminuido significativamente, pasando del 45 % en 2021 al 19 % en 2024. Las proyecciones apuntan a una nueva caída hasta el 13 % en 2025 con el final del tránsito de gas ruso a través de Ucrania.
Pese a estos esfuerzos, en 2024 la UE importó 52.000 millones de metros cúbicos de gas ruso por valor de 23.000 millones de euros, así como 13 millones de toneladas de petróleo crudo y más de 2.800 toneladas de uranio equivalente enriquecido o en forma de combustible.
El año pasado, diez Estados miembros importaron gas natural ruso (entre ellos España), tres Estados miembros importaron petróleo ruso y seis Estados miembros importaron uranio enriquecido o servicios de uranio de Rusia.
