Pedro perdería 40 hectáreas de cultivo con las placas solares de la desaladora de Torrevieja: "No estamos en contra, pero así, no"

La futura planta solar diseñada para abastecer de energía a la desaladora de Torrevieja continúa generando controversias y reacciones en el territorio.

Uno de los sectores directamente implicados, el agrícola, ha comenzado a expresar públicamente sus preocupaciones ante las consecuencias que podría tener la instalación fotovoltaica en parcelas actualmente cultivadas.

Uno de los testimonios más recientes que ha podido recopilar EL ESPAÑOL es el del empresario agrícola Pedro Lucas, responsable del Grupo Lucas, compañía dedicada al cultivo y exportación de verduras con sede en la Región de Murcia y poseedora de varias fincas en San Miguel de Salinas.

La empresa produce anualmente unas 4.000 toneladas de productos hortícolas en la zona, como lechugas, espinacas o brassicas, en fincas ubicadas en la zona propuesta para parte del proyecto.

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"Son tierras agronómicamente muy buenas, y no tiene sentido que se usen para placas solares cuando existen otras tierras más adecuadas y que no afectarían tanto a los agricultores", señala Lucas, quien explica que el proyecto, en su configuración actual, implicaría la pérdida de unas 40 hectáreas de cultivo para su empresa.

El proyecto

La planta solar proyectada por la empresa pública Acuamed y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico forma parte del plan para abaratar el coste energético del agua desalada que se produce en la planta de Torrevieja.

Actualmente, esta desaladora tiene una capacidad de 80 hectómetros cúbicos anuales, y se prevé su ampliación hasta los 120 hm³, tal y como lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en febrero de 2024.

Según los cálculos iniciales, el uso de energía fotovoltaica permitiría reducir en unos 4 céntimos por metro cúbico el coste final del agua desalada, gran parte de la cual se destina al riego agrícola en la cuenca del Segura.

No obstante, el proyecto de ampliación de la desaladora de Torrevieja y la planta solar asociada han experimentado algunos retrasos. En abril de 2024, se supo que la oferta de la Unión Temporal de Empresas formada por Ferrovial-Cadagua-Sacyr se ha hecho con el contrato de ampliación y explotación de la desaladora de Torrevieja. La previsión actual sigue situando la puesta en marcha de la planta solar y la finalización de las obras de ampliación para el año 2027.

Polémica ubicación

El proyecto inicial planteaba la ocupación de unas 200 hectáreas distribuidas entre los términos municipales de San Miguel de Salinas, Almoradí y Orihuela. Tras las protestas de vecinos y colectivos agrarios, Acuamed propuso una nueva distribución del terreno, dividiendo la instalación en ocho áreas interconectadas, pero manteniendo el uso de suelo agrícola fértil.

Sin embargo, esta nueva configuración no ha sido suficiente para calmar las inquietudes de quienes trabajan en el sector.

Desde la asociación vecinal de San Miguel de Salinas, así como desde organizaciones como ASAJA Alicante, se han propuesto alternativas como el uso de terrenos de secano, márgenes de autopistas, canales de trasvase o cubiertas de naves industriales. Según estos colectivos, dichas opciones no han sido tenidas en cuenta por la Administración.

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Pedro Lucas coincide con esta visión, aunque remarca que su postura no es contraria a las energías renovables en sí mismas:

"No estamos en contra de las renovables, pero creemos que hay otras soluciones que tendrían menos impacto económico y ambiental. Ahora mismo las placas se pondrían en tierras muy fértiles, y es una pena perder esa productividad", sostiene.

A la espera de resoluciones

De momento, el Grupo Lucas continúa trabajando en esas fincas mientras estudia vías administrativas para oponerse al proyecto. "Seguiremos recurriéndolo", señala Lucas, aunque por ahora no tienen previstas acciones colectivas o movilizaciones.

El proyecto, que ha sido objeto de debate también en Les Corts Valencianes, sigue en fase de desarrollo técnico y pendiente de resoluciones administrativas. La situación continúa generando incertidumbre entre los agricultores afectados, que reclaman mayor diálogo y una evaluación más detallada del impacto territorial.