El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al nuevo portavoz de Vox, David Hierro, al inicio del pleno de las Cortes de este martes ICAL
Vox se queda solo defendiendo el protocolo antiaborto que el PP niega que se acordara en Consejo de Gobierno
Los populares han asegurado que el Ejecutivo autonómico "actúa dentro del marco legal vigente" y han criticado la "visión monotema" de los de David Hierro.
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El Grupo Vox se ha quedado solo en la sesión plenaria de este miércoles en las Cortes defendiendo una moción en la que pedía la aplicación del polémico protocolo antiaborto, impulsado por la formación en enero de 2023, cuando compartía el Gobierno con el PP, que ha sido rechazada por el resto de grupos de la Cámara.
En su iniciativa, Vox, instaba a la Junta a cumplir el acuerdo publicado por la Consejería de Sanidad el 12 de enero de 2023 "en defensa del derecho fundamental a la vida y del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios de Castilla y León".
También pedía implementar "todas las medidas necesarias para proteger la vida de los no nacidos" ofreciendo "toda al información, apoyo y alternativas para todas aquellas madres que duden si seguir adelante con su embarazo" así como a promover la adopción y el acogimiento familiar.
El protocolo antiaborto, impulsado por Juan García-Gallardo cuando era vicepresidente, incluía la asistencia de psicólogos clínicos, un protocolo de latido fetal y el registro cardíaco para que la mujer escuchase los latidos del bebé, la posibilidad de realizar ecografías 4D y el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales.
La procuradora Fátima Pinacho ha defendido la medida y ha asegurado que "el derecho a la vida es fundamental y troncal", recordando que el Estado no debe "interrumpir u obstaculizar" el proceso natural de la gestación y tiene que "establecer un sistema legal para la defensa de la vida".
Pinacho ha denunciado que, durante el último año, se produjeron 3.096 abortos, un dato "demoledor" que demuestra "nuestro fracaso como sociedad" y ha instado a la Junta ha implenetar "todas las medidas necesarias para proteger la vida de los no nacidos".
El PP critica el "monotema"
El procurador del PP José María Sánchez ha criticado que "para Vox la política general en materia sanitaria se circunscriba solo a proteger la vida de los no nacidos" y ha defendido que la política de la Junta permite "mejorar la calidad de la asistencia sanitaria" frente a la "visión monotema de Vox".
Con todo, ha asegurado compartir "la preocupación por la vida" pero ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "actúa dentro del marco legal vigente".
"Desde este Gobierno de Castilla y León se apoyará siempre a las mujeres que decidan ser madres, ofreciendo información, apoyo psicosocial y acceso a una atención sanitaria de calidad", ha afirmado. Y ha negado que el protocolo antiaborto fuese acordado por el PP.
"Nunca ha tomado ningún acuerdo el 12 de enero de 2023 y las medidas que se exponen en la moción no fueron nunca aprobadas en el Consejo de Gobierno", ha zanjado.
Una "barbaridad"
La procuradora socialista Patircia Gómez Urbán ha cuestionado "la defensa de la vida" de Vox ya que "han votado en contra de las 460 medidas a incorporar en el pacto de estado contra la violencia de género o están en contra de los menores no acompañados que llegan a este país".
Además, Gómez Urbán ha recordado que García-Gallardo "no es el único que tuvo que marcharse por intentar imponer a las mujeres que no pudiéramos decidir sobre nuestra maternidad", en referencia al exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Gómez Urbán ha lamentado, además, que en Castilla y León una mujer no pueda abortar "en su centro público de referencia" y tiene que acudir a "clínicas privadas donde se encuentra a fanáticos que la insultan por hacerlo". "Las mujeres debemos decidir, de manera libre, si queremos o no ser madres", ha afirmado.
El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha calificado de "barbaridad" la propuesta de Vox y el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, la ha calificado de "atrocidad".
"Querer implementar un protocolo que obligue a las mujeres a escuchar el latido fetal es un atentado contra la libertad", ha afirmado. El procurador de UPL-Soria Ya José Ramón García, por su parte, ha considerado que la medida de Vox "limita los derechos fundamentales e impone una visión única sobre un tema complejo como el aborto".
Moción del PSOE sobre aguas
PP y Vox han tumbado una moción del PSOE instando a la Junta a tomar las medidas necesarias para adaptar el Programa de Vigilancia Sanitaria de aguas de consumo en Castilla y León de cara a la aplicación "efectiva" del Real Decreto 3/2023 que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo.
Además, pedía adaptar el programa de actuación aprobado para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos a las directrices del Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León y aprobar el Plan autonómico de inversiones públicas y privadas para establecer los criterios técnicos-sanitarios de la calidad del agua de consumo.
Y se solicitaba que se incluyesen en el mismo las inversiones correspondientes a mejoras en infraestrucuras, equipamiento para la realización de análisis, mejoras en medios digitales o electrónicos y personal, para el periodo 2023-2030.
Los socialistas pedían en la moción dotar de los medios materiales y humanos necesarios en las Consejerías correspondientes de la Junta para garantizar "la inespección, control y cumplimiento del programa de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero".
Por otro lado, se solicitaba aprobar "de inmediato" los catálogos de criterios previstos en las leyes de Patrimonio Natural y Agraria de Castilla y León "compatibilizando el despliegue de las energías renovables y las actividades socioeconómicas vinculadas al sector primario con el cumplimiento del Convenio Europeo del Paisaje".
Por último, el Grupo Socialista pedía adoptar las medidas necesarias para declarar una moratoria en la concesión de licencias de actividad y ampliación de nuevas granjas de gran capacidad ganadera, plantas de biogás, estaciones de tratamiento de lodos o cualquier actividad que ponga en riesgo la calidad de las aguas.
