El Gobierno carga a Castilla y León con 763 menas, el doble de lo esperado: "Nos piden un esfuerzo del 300% y a Cataluña el 5%"

Es decir, casi cuatro veces más que las 198 plazas habilitadas a día de hoy, y la Junta ya habla de "saturación". Algo que sale de sus cuentas que eran de unos 300 menores inmigrantes.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha denunciado una falta de información, criterios dispares y un trato desigual entre comunidades.

Castilla y León acusa al Gobierno de "mercadear" con los menores inmigrantes y desconoce los datos del reparto

Durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este pasado miércoles, el Gobierno trasladó a las autonomías el nuevo reparto de menores migrantes, una medida que, según Carriedo, implica un incremento del 300% en la red de acogida de Castilla y León, mientras que otras regiones como Cataluña solo tendrían que aumentarla en un 5%.

“Contamos con 130 plazas específicas y, actualmente, estamos acogiendo a 178 menores, con un pico de ocupación este año que ha llegado a los 198. A lo largo de 2024, hemos atendido a un total de 275 menores. Estos son los datos que hemos trasladado al Gobierno”, detalló Carriedo.

Sin embargo, la Junta denuncia que no se ha aclarado sobre qué cifras se basa el Ejecutivo central para realizar el reparto, lo que genera confusión e impide una planificación eficaz.

“No sabemos si se refieren a las 130 plazas, a las 178 ocupadas, al pico de 198 o al acumulado de 275 menores. Son cifras muy distintas y todas ellas muy relevantes”, ha señalado el portavoz.

Falta de información

Además, Carriedo acusó al Gobierno de utilizar criterios arbitrarios, mezclando edades y situaciones muy distintas entre menores de tres años y adolescentes mayores de 15.

“No se trata de almacenar personas. Acoger a menores requiere profesionales formados, recursos adecuados y un proceso serio. No se puede improvisar ni actuar sin transparencia”, subrayó.

Desde la Junta también se ha criticado la falta de financiación y de información detallada sobre cómo se implementará el reparto. “No sabemos cuántos menores van a llegar, ni con qué recursos. Es imposible preparar instalaciones y personal sin datos ni previsión”, añadió.

El portavoz autonómico ha pedido al Gobierno que reconsidere su planteamiento y actúe con criterios “de equidad y responsabilidad de Estado”, recordando que la gestión de fronteras y el control migratorio es competencia del Ejecutivo central.

Radiografía de la llegada de menas a Castilla y León pese a la falta de transparencia: hay 180 y vendrán otros 300

“Para acoger menores se nos pide un esfuerzo del 300%, pero para repartir beneficios financieros se favorece a quienes más presionan políticamente”, lamentó.

La Junta de Castilla y León insiste en que está dispuesta a colaborar, pero exige un reparto equilibrado, información clara y recursos suficientes para poder garantizar una atención digna a los menores migrantes no acompañados.