Imagen de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

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Málaga

Piden 17 años de cárcel para un joven acusado de abusar de su primo y tener pornografía infantil

La Fiscalía sostiene que el acusado actuó "sin el conocimiento ni el consentimiento" del menor y grabó en vídeo varias de las relaciones sexuales.

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EP
Publicada

La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena de 17 años de prisión para un joven al que acusa de presuntamente abusar de su primo cuando tenía 12 y 13 años; y también por un delito de tenencia de pornografía infantil, al haber subido a una plataforma online archivos de este tipo.

Así, según se precisa en las conclusiones provisionales de la acusación pública, la víctima vivía fuera de España, pero durante los años 2020 y 2021 venía a pasar temporadas de vacaciones y se quedaba en la vivienda de la familia del procesado, quien aprovechaba esta convivencia.

Este habría aprovechado también "la confianza que inspiraba en el menor al ser su primo" para invitarle a su dormitorio y, supuestamente, abusar de él. El fiscal señala que aunque parte de esos hechos habrían sucedido cuando el acusado tenía aún 17 años, también ocurrieron en diciembre de 2021, cuando ya tenía 18 años.

Asimismo, el ministerio público sostiene en su escrito inicial de acusación que, "sin el conocimiento ni el consentimiento" del menor, grabó en vídeo dichas relaciones sexuales hasta en cinco ocasiones y realizó una fotografía.

En abril de 2023, a raíz de una denuncia formulada por una organización infantil, el Grupo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional inició una investigación que llevó hasta el acusado, al que intervinieron 42 archivos de fotografía y vídeo de menores realizando actividades sexuales.

Para el fiscal, se trata de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, con prevalimiento de situación de convivencia y relación de superioridad, por el que solicita once años de cárcel, y otro de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil, por el que pide una pena de seis años de prisión.

También solicita una medida de libertad vigilada durante ocho años y la inhabilitación para cualquier profesión relacionada con menores durante cinco años. Como indemnización, considera que debería pagar a los representantes legales del menor la cantidad de 10.000 euros por el perjuicio moral.